La política suele producir ironías. La más grande de este cuatrienio no fue que el Pacto Histórico terminara facilitando la elección de un presidente del Senado del Centro Democrático. La verdadera ironía es que muchos colombianos descubrieron el petrouribismo apenas en 2026, cuando las señales de una convergencia pragmática venían acumulándose desde el primer año del gobierno de Gustavo Petro.
No se trata de afirmar que Petro y Uribe compartan una ideología. Nunca la compartieron. Se trata de reconocer algo más incómodo: cuando la fagocitación política y el control se convierten en prioridades, las diferencias doctrinales pueden ceder ante intereses comunes. Gustavo Petro proviene de una generación política marcada por la experiencia del M-19, una organización insurgente que justificó el uso de la violencia como instrumento mediante la redención de un General de la Republica. El uribismo, desde una tradición completamente distinta, también construyó una narrativa donde el conflicto armado fue presentado como la circunstancia que exigía respuestas extraordinarias y extralimitantes por parte del Estado.
La Paz Total
Los audios conocidos recientemente sobre los contactos del entonces alto comisionado para la Paz con emisarios del Clan del Golfo cambiaron radicalmente la comprensión de los primeros meses de la llamada Paz Total. Lo que durante años fue presentado como una política transparente de negociación hoy aparece acompañado por conversaciones reservadas sobre garantías, limitaciones a operaciones militares y compromisos que jamás fueron explicados a la opinión pública.
Ese descubrimiento obliga a releer buena parte del cuatrienio.
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La erosión institucional
Porque la erosión institucional nunca comenzó con la elección de una mesa directiva del Congreso. Comenzó cuando el Estado empezó a enviar señales ambiguas sobre el ejercicio legítimo de la fuerza. Continuó cuando la política criminal pareció supeditarse a objetivos políticos. Se profundizó cuando la ciudadanía dejó de distinguir entre una negociación dentro del Estado de derecho y una negociación en la que las instituciones parecían adaptarse a las exigencias de actores armados.
La reciente elección del presidente del Senado no creó esa realidad. La hizo visible. Resulta llamativo que sectores del petrismo y del uribismo terminaran coincidiendo en una votación decisiva mientras ambos insistían públicamente en que seguían siendo enemigos irreconciliables. El problema es que las instituciones no se deterioran mediante un único acto espectacular. Se erosionan gradualmente, cuando cada excepción se presenta como necesaria y cada concesión como temporal.
El costo de la desconfianza
Quienes hoy celebran una victoria táctica en el Congreso quizá estén ignorando el costo estratégico. La confianza pública es el activo más difícil de recuperar. Cuando los ciudadanos perciben que las reglas cambian según la conveniencia del momento, que antiguos adversarios cooperan sin explicaciones suficientes y que decisiones trascendentales se conocen años después mediante filtraciones, el daño trasciende a cualquier gobierno.
Los presidentes pasan, los congresos se renuevan, las mayorías cambian pero la desconfianza hacia las instituciones permanece durante generaciones. Y cuando un método sustituye a los principios, la democracia no suele derrumbarse de un día para otro. Simplemente deja de parecerse a aquello que prometía defender.
